27‏/12‏/2011

Israel celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos violando las leyes sobre los derechos humanos



Mohamed Zidan

es Director General de la Asociación Árabe para los Derechos Humanos

Tal como la humanidad celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, como parte de la conmemoración anual de la resolución de Naciones Unidas que aprobó “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”, una de las declaraciones universales más importantes que afirman que los Derechos Humanos son universales en su esencia y responsabilidad, el respeto de los derechos humanos en Israel este año está en serio retroceso. Los intentos oficiales, realmente alarmantes, para marginar estos derechos han ido en aumento, sobre todo mediante leyes racistas cuyo núcleo y premisas están contra todos y cada uno de los estándares éticos y legales establecidos y defendidos por la Declaración Universal.

El rápido declive de los derechos humanos en Israel este año nos deja un sombrío panorama. La sorpresa no viene del número de violaciones, sino de los numerosos intentos de organizar, legalizar, legitimar y perpetuar estas violaciones creando leyes racistas y particulares por parte de las autoridades israelíes. Esta práctica y directa violación de los derechos humanos establece fundamentos legales que pueden dejar la puerta abierta a que las autoridades políticas y de la judicatura violen los derechos humanos como deseen.

“Los derechos humanos son para todos los seres humanos, y dichos seres humanos reciben esos derechos basándose simplemente en su humanidad” Este es el principio básico en todo pacto internacional para los Derechos Humanos, especialmente la Declaración Universal. Sin embargo, algunas proposiciones de ley y leyes ya aprobadas por el Parlamento israelí contravienen claramente la piedra angular de los derechos humanos y da la impresión de que dichos derechos humanos y civiles existen en el Estado solo para contentar a algunos ciudadanos, los “ciudadanos buenos”. Así, los derechos y libertades se consideran una subvención o un regalo que el Estado concede a sus ciudadanos; son un privilegio, no sus derechos fundamentales. Por lo tanto, el Estado (lo que significa el Gobierno, el Parlamento y la Judicatura) ahora podrían retirar estos derechos -para recuperar el regalo- si las circunstancias ya no son políticamente convenientes -según su visión– al actual fundamento de estas propuestas de leyes.

A consecuencia de ello, el Parlamento ha aprobado durante este año un paquete de leyes —algunas han sido aprobadas, la mayoría de ellas están pendientes de aprobarse— que definen el concepto de “buen ciudadano”, aquel que “merece” estos derechos —desde el punto de vista del Estado-. Los límites de este concepto se han estrechado tanto que solo se ajusta a los ciudadanos judíos sionistas —aquellos que sirven en el ejército o en alguna otra institución de seguridad—, dejando a los árabes nacionales de este país fuera de la definición dispuesta por la “generosidad” política de Israel.

A pesar del hecho que el Estado de Israel siempre ha tenido un carácter discriminatorio y racista con respecto a la minoría palestina que vive en el país y que los conceptos políticos y legales del “Estado judío” fueron establecidos desde su fundación, el último período se ha caracterizado por la sistematización de esta campaña, así como por la delimitación de sus metas, como nunca se hizo antes. Las restricciones del espacio democrático, el principal canal de diálogo sobre los derechos humanos, aparece en forma de nuevas definiciones para este espacio y la creación de condiciones restrictivas y límites respecto a sus contenidos.

Este es el origen de estas leyes que limitan los instrumentos y el marco de las instituciones que apoyarían y defenderían estos derechos en cualquier sistema democrático del mundo -principalmente la sociedad civil (asociaciones por los derechos humanos) y la judicatura (Tribunal Supremo de Justicia). Además, la espada de la censura golpea a los medios de comunicación con multas para impedirles cumplir su deber, por ejemplo criticar a las autoridades y denunciar sus violaciones.

Este año 2011 vio un paquete de proposiciones de ley destinadas a la restricción de la libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de pensamiento y creencia. Entre estas, la Knesset aprobó “La Ley de Boicot”, que prohíbe a las asociaciones de la sociedad civil, sobre todo a aquellas relacionadas con los derechos humanos, colaborar en la campaña global para boicotear económicamente a Israel, que comenzó en muchos países para protestar por las prácticas represivas israelíes contra la población palestina bajo su ocupación. Cubierto por el mismo principio la “ley de la Nakba” fue aprobada por la Knesset el pasado mes de marzo de 2011, como un intento de controlar las memorias individuales y colectivas e imponer su orden del día político a todo no judío.

También apuntando a la restricción de la libertad de las organizaciones de derechos humanos fueron las proposiciones de ley para limitar los fondos donados por gobiernos internacionales a estas organizaciones. Estas ofertas refuerzan el control (ya existente) sobre la financiación, además de algunas proposiciones para imponer un impuesto por encima del 45% sobre esta concesión. Si se adoptan esas medidas, esto conduciría a la violación de regulaciones de trabajo, el fundamento de trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

Por otro lado, el ala derecha israelí concentra sus esfuerzos en ganar el control del Tribunal Supremo, después del alcanzar el control del legislativo y el ejecutivo, para controlar todos los órganos estatales, con el apoyo de la opinión pública (no menos racista) y el de la mayoría de los israelíes. Estos ataques, en forma de proposiciones de ley, permiten al aparato político interferir práctica y claramente en el sistema judicial, mediante proposiciones de leyes que comportarían el nombramiento de jueces en el Tribunal Supremo bajo la aprobación y consentimiento de la Knesset. Además, la composición del comité responsable del nombramiento de jueces cambiará, así como el criterio para el nombramiento del Presidente del Tribunal, algo que garantizaría la presidencia del tribunal a candidatos apoyados por el ala derechista. Tanto en la política como en la judicatura. Para completar su anillo de poder sobre todos los órganos del Estado, la prensa también ha sido objetivo de este ataque, así la libertad de prensa también se puede restringir. Leyes que permanentemente levantan la espada para amenazar a la prensa con costosas sanciones económicas bajo el argumento de la “difamación” son una buena prueba de ello. Están dirigidas a silenciar la prensa local e impedirle su papel de cuarto poder, el que controla los poderes legislativo y ejecutivo, el que actúa como una ventana que define la opinión pública local e internacional sobre lo que ocurre entre estos dos poderes.

Solo para hacer este cuadro todavía más obvio, algunas propuestas de ley se han presentado para ampliar el alcance de los órganos ejecutivos cuando se anuncie el “Estado de emergencia”, que deje en las manos del gobierno una autoridad sin trabas para constreñir libertades civiles y derechos fundamentales, concediendo al mismo tiempo amplios poderes a los diferentes aparatos de seguridad cuando traten con civiles. Estas medidas ampliarían el alcance de la “emergencia” ya declarada en el país por “razones de seguridad”, elevando los poderes ejecutivos de las autoridades por encima de las leyes aprobadas en la propia Knesset.

Lo que está sucediendo ahora en Israel refleja los intentos de las fuerzas judías derechistas para ganar el control sobre los guardas de los derechos humanos y cerrar la puerta a las libertades fundamentales, ya existentes y definidas. Esto se hace ganando el control sobre la judicatura, el legislativo y el ejecutivo con la ayuda de la población, que respalda la atmósfera de apoyo hacia esta visión, dibujando un cuadro sombrío para las organizaciones de derechos humanos. Esta situación nunca puede considerarse democrática. No importa lo que Israel trate de vender al resto del mundo o con cuanta fuerza trate de embellecerlo.

Atestiguamos aquí el derrumbamiento de toda la mentira sobre “la democracia israelí”. La comunidad internacional ve ahora los serios desafíos a los que se enfrentan las asociaciones israelíes oficiales y civiles, en la necesidad profunda de un rápido movimiento rápido que denuncie esta realidad y retrate el racismo israelí, no sólo debido a sus prácticas en los Territorios Palestinos Ocupados durante 67 años, sino también por sus prácticas organizadas, legales y oficiales que contravienen las normas de los derechos humanos universales, los mismos derechos que conmemoramos el “Días Internacional de los Derechos Humanos”.

Por último, pero no menos importante, esta imagen debería implicar que el papel de la comunidad internacional no se restrinja a la denuncia del racismo. Debe haber un movimiento práctico para cambiar la crítica y la condena por acciones eficaces para parar estas violaciones, luchar contra el racismo y establecer las reglas para responderles, como dictan las propias leyes sobre los derechos humanos.

Traducido del inglés por Carlos Sanchis y revisado por Caty RF.

Mohamed Zidan es Director General de la Asociación Árabe para los Derechos Humanos